El conflicto: reformar el SAE o crear un nuevo esquema de selección
La discusión sobre el Sistema de Admisión Escolar (SAE) volvió al centro de la agenda pública. La propuesta del Mineduc contemplaría que los establecimientos sobredemandados puedan optar entre dos mecanismos de admisión. El primero sería la modalidad de “Elección Mutua”, que permitiría considerar variables como adhesión al proyecto educativo, asistencia previa, participación en reuniones informativas, aptitudes para programas de especialización, proximidad territorial, entrevistas y, desde 7° básico, rendimiento académico. El segundo sería el actual mecanismo, que mantendría el sistema centralizado mediante algoritmo y criterios de prioridad. De acuerdo con la información disponible, este último seguiría operando para los establecimientos que no opten por la Elección Mutua y también para las vacantes que no sean cubiertas por esa vía.
El anuncio abre una tensión de fondo. Por una parte, el Gobierno ha planteado la necesidad de recuperar el mérito, reforzar la autonomía de los establecimientos y devolver protagonismo a las familias en la elección escolar. Por otra, el informe de recomendaciones de la Mesa Técnica del SAE, convocada en 2025 para evaluar el sistema, concluyó que la evidencia acumulada no justificaba su reemplazo estructural, aunque sí reconocía la necesidad de introducir mejoras.
Para Alejandro Carrasco, decano de la Facultad de Educación UC, integrante de la Mesa Técnica del SAE e investigador miembro de CEPPE UC, la propuesta conocida hasta ahora apunta en una dirección distinta a la discutida en esa instancia. “Con los anuncios, se estaría creando un nuevo subsistema de admisión escolar selectivo, que la Mesa Técnica nunca contempló. La Mesa propuso fórmulas para incorporar el rendimiento académico o ampliar la definición de hermanos mediante una reformulación de los criterios de prioridad, además de otros mecanismos para subsanar los problemas identificados con el SAE, sin necesidad de desmantelar el sistema existente”, señala.
El tema central, entonces, no es solo si el SAE debe reformarse. También es qué tipo de reforma se está proponiendo: una orientada a perfeccionar el sistema común de admisión, o una que reabra espacios más amplios para que los establecimientos seleccionen a sus estudiantes.
Por qué no es correcto hablar simplemente de “tómbola”
Aunque la crítica al SAE suele resumirse en la idea de una “tómbola”, el sistema parte de las preferencias declaradas por las familias. El SAE comienza una vez que las familias declaran sus preferencias: son ellas quienes postulan a los establecimientos y ordenan sus prioridades. El componente de priorización opera solo cuando la demanda supera los cupos disponibles y los criterios de prioridad establecidos por ley no alcanzan para resolver la asignación.
Cristóbal Villalobos, académico de la Facultad de Educación UC e investigador miembro de CEPPE UC, complementa que “hablar de ‘tómbola’ reduce el debate a una imagen muy simple, porque el SAE no parte del azar, sino de las preferencias que declaran las familias. El componente de priorización aparece solo cuando no hay cupos suficientes para todos quienes postulan a un mismo establecimiento. Por eso, la discusión de fondo no es solo si hay o no sorteo, sino qué hacemos con un sistema donde algunas escuelas concentran más demanda y otras no logran atraer postulaciones. Ahí el problema ya no es únicamente el mecanismo de asignación, sino la desigual distribución de la oferta escolar y las preferencias de las familias, que también reproducen diferencias estructurales”.
Cristóbal Villalobos. Académico Facultad de Educación UC. Investigador CEPPE UC.
Por eso, el debate no es simplemente entre elección familiar y azar. El punto central es otro: el SAE permite que las familias elijan, pero limita que los establecimientos seleccionen discrecionalmente a sus estudiantes. La modalidad de “Elección Mutua” tensiona precisamente ese principio, porque al incorporar variables como entrevistas, adhesión al proyecto educativo, asistencia o rendimiento académico, la admisión podría dejar de depender solo de las preferencias familiares y los criterios comunes del sistema, para incorporar decisiones tomadas por los propios establecimientos.
Ahí estará uno de los puntos críticos del debate: quién define esos criterios, cómo se fiscalizan, qué tan comparables son entre establecimientos y qué resguardos se establecerían para evitar mecanismos indirectos de selección social, académica o cultural.
Las nuevas variables: mérito, asistencia, entrevistas y proyecto educativo
Uno de los puntos centrales de la reforma estaría en permitir que establecimientos sobredemandados utilicen nuevas variables para ordenar la admisión. Cada una de ellas genera interrogantes sobre sus alcances, criterios de aplicación y posibles efectos en un sistema escolar desigual.
El rendimiento académico suele ser presentado como una forma de reconocer el esfuerzo de estudiantes con buen desempeño. Sin embargo, también abre la pregunta por el peso que tienen las condiciones familiares, escolares y territoriales en las trayectorias académicas de los estudiantes. Desde esa perspectiva, Carrasco agrega que “su uso como criterio de admisión tensiona el principio de igualdad de oportunidades, ya que los colegios con mayor demanda, que son en general los de mejor calidad, en adelante estarán reservados para las familias que el establecimiento seleccione, es decir familias que ya cuentan con mejores condiciones de origen”.
La asistencia podría ser interpretada como una señal de compromiso escolar. Sin embargo, plantea la necesidad de considerar trayectorias marcadas por enfermedad, cuidados familiares, dificultades de traslado, precariedad habitacional u otras condiciones sociales que pueden incidir en la asistencia de los estudiantes, tal como han mostrado estudios recientes de CEPPE UC. En ese sentido, su uso como criterio de admisión exige observar si mide efectivamente compromiso escolar o si termina reflejando desigualdades previas.
La proximidad territorial puede favorecer el arraigo comunitario y reducir tiempos de traslado. Al mismo tiempo, en ciudades altamente segregadas, el lugar de residencia suele estar asociado a desigualdades socioeconómicas y a una distribución desigual de la oferta escolar, limitando, más que ampliando, las posibilidades reales de elección de las familias.
La adhesión al proyecto educativo y la participación en reuniones informativas pueden fortalecer el vínculo entre familias y establecimientos. Pero si se transforman en filtros de admisión, surge la pregunta por las diferencias de tiempo, información y capital cultural entre familias para demostrar cercanía con ciertos códigos institucionales. Desde esa perspectiva, la llamada “Elección Mutua” también podría tensionar la libertad de elección de las familias: ya no bastaría con que ellas ordenen sus preferencias, sino que el establecimiento también podría incidir en quién accede a sus vacantes.
Las entrevistas son probablemente la variable más sensible. Aunque pueden plantearse como una forma de conocer mejor a las familias o verificar adhesión al proyecto educativo, también han sido históricamente uno de los mecanismos más difíciles de estandarizar y fiscalizar, como evidenciaron investigaciones previas a la implementación del SAE. Carrasco advierte que este tipo de instrumentos “puede abrir espacios de discrecionalidad difíciles de controlar, porque la última palabra para asignar un cupo podría dejar de estar en la preferencia familiar, los criterios de prioridad o el azar, y pasar a depender de la voluntad del establecimiento”.
A ello se suma un efecto sistémico: la eficiencia en la asignación de cupos. En este punto el decano de Educación UC explica que “con la nueva modalidad aumentarán las postulaciones por colegios sobredemandas, pero como los cupos a distribuir serán los mismos, traerá una disminución de las familias asignadas en sus primeras preferencias y por tanto aumentará la incertidumbre e insatisfacción con el sistema”.
Por eso, el punto de fondo no es solo si estas variables son legítimas en abstracto, sino bajo qué condiciones podrían utilizarse sin debilitar los principios de transparencia, igualdad de oportunidades, eficiencia y no discriminación que dieron origen al SAE.
Alejandro Carrasco. Decano Facultad de Educación UC.
La Mesa Técnica y el proyecto anterior
La discusión sobre modificar el SAE no comenzó con el actual anuncio presidencial. En 2025, el Congreso ya había avanzado en una reforma surgida tras el informe de recomendaciones de la Mesa Técnica del SAE, que reconoció avances del sistema en objetividad, transparencia, eficiencia, reducción de prácticas discriminatorias y generación de información para la política pública, pero también identificó debilidades que requerían ajustes.
Ese proyecto apuntaba a perfeccionar el sistema sin eliminarlo: proponía ampliar criterios de prioridad, mejorar la información disponible, fortalecer la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales y regular de manera acotada la selección en establecimientos de alta exigencia académica. La diferencia con la discusión actual es que las nuevas señales apuntan a una modalidad paralela de admisión para colegios sobredemandados, con criterios asociados al rendimiento, la asistencia, las entrevistas y la adhesión al proyecto educativo.
En esa línea, Carrasco advierte que “será clave conocer cómo se articularían ambos subsistemas, cuáles serían los periodos de postulación y expresión de preferencias, qué criterios definirían a un colegio sobredemandado, cuán amplias serían las prácticas selectivas autorizadas y cuáles serían los tiempos de implementación y gradualidad de la propuesta, entre otras dudas que esta propuesta abre”.
La pregunta de fondo
A casi una década de su implementación, el SAE aparece como una política que requiere mejoras, especialmente en información, accesibilidad, flexibilidad y respuesta a trayectorias educativas diversas. Pero su arquitectura responde a un problema real: cómo organizar la admisión escolar en un sistema desigual sin que el acceso dependa de entrevistas, pruebas, contactos o criterios definidos por cada establecimiento.
En ese contexto, la reforma anunciada abre una discusión que va más allá de corregir un algoritmo o reemplazar una supuesta “tómbola”. La pregunta es qué entiende el país por elección escolar justa: una en que los establecimientos sobredemandados puedan seleccionar a partir de criterios propios, o una en que todas las familias puedan postular en igualdad de condiciones a proyectos educativos diversos, pertinentes y disponibles en sus territorios. La respuesta, probablemente, no está solo en el SAE, sino también en la capacidad del sistema educativo para ofrecer más y mejores alternativas allí donde hoy elegir no siempre significa tener opciones reales.
