¿Cómo mejorar la eficiencia, eficacia, participación y equidad de los recursos educativos para garantizar el derecho a la educación de todos los niños y niñas en Chile? Esta compleja pregunta fue abordada en el seminario "Financiamiento Educativo y Derechos de la Niñez: Desigualdades y Propuestas", organizado por el Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación (CEPPE UC) y llevado a cabo en el Salón de Honor de la Universidad Católica el 10 de mayo.
Durante el encuentro, se presentaron los principales hallazgos del estudio "Finanzas Públicas y Sector Educación: Desarrollo de Análisis y Evidencias e Impulso del Diálogo sobre Inversión Estratégica en la Niñez", realizado por el CEPPE UC en colaboración con UNICEF. El estudio tuvo como objetivo analizar las finanzas públicas en el área de la educación con la finalidad de contribuir a reformas y políticas públicas que optimicen el presupuesto público para la niñez y juventud en la educación inicial y escolar.
Magdalena Claro, directora del CEPPE UC, destacó la importancia del estudio al señalar que "busca conectar la investigación, la política educativa y la toma de decisiones para diseñar e imaginar los cambios educativos necesarios para nuestro país". Por su parte, Glayson dos Santos, representante adjunto de UNICEF y experto en educación, resaltó la alineación del estudio con la Ley de Garantías de Derechos de la Niñez en Chile, que enfatiza la educación inicial como un derecho. Según dos Santos, "se ha avanzado mucho, pero ahora nos queda el desafío de materializar los cambios, y la educación es una herramienta muy potente".
Principales hallazgos del estudio
El estudio contó con la participación de representantes de distintos organismos internacionales como Banco Interamericano de Desarrollo (BID), CEPAL y UNESCO, junto con analistas y asesores del Centro de Estudio del Ministerio de Educación, las Subsecretarías de Educación de Parvularia, de la Niñez y de Desarrollo Regional y Administrativo, Junji, Fundación Integra, la Defensoría de la Niñez y servicios locales de educación del país. Estos grupos de trabajo compartieron experiencias y evidencia comparada para desarrollar un análisis presupuestario del gasto público en educación, así como examinar las políticas públicas recientes, con el objetivo de encontrar formas de optimizar la inversión en educación, entendiéndola como un derecho.
El encargado de presentar los principales hallazgos del estudio fue el subdirector del CEPPE UC, Cristóbal Villalobos, quien destacó la importancia de analizar el financiamiento escolar, ya que el gasto más alto en la niñez está relacionado al financiamiento en el sector educativo. Sólo en 2021, se utilizaron $8.415.000.000, lo que corresponde al 75,8% del gasto público total en programas enfocados en niños, niñas y adolescentes.
Sin embargo, a pesar de que el gasto público en educación ha crecido un 3% del PIB en los últimos 20 años, llegando al 6,3% en 2020, el presupuesto por estudiante sigue siendo bajo en comparación con otros países de la OCDE. Esto, explicó Villalobos, se debe al sistema de financiamiento por estudiante organizado mediante un financiamiento a la matrícula y la asistencia, que genera condiciones diferenciadas para ejercer el derecho a la educación dependiendo de la cantidad de matrículas y de la asistencia.
Además, el experto señaló que existen diferencias en la calidad de las y los profesores entre los colegios con más y menos recursos, respecto a los años de experiencia docente, y una disparidad en las condiciones de infraestructura, sobre todo en escuelas en sectores rurales. “Tenemos un sistema educativo fragmentado, y lo que genera es una disímil disposición de los recursos entre los proveedores, incluyendo a los públicos. Y esto tiene como consecuencia que hay diferentes condiciones contextuales para que estudiantes de similares características accedan a las escuelas”, explicó.
El estudio también destaca que existen pocos espacios de intervención para las comunidades educativas en el ciclo presupuestario, lo que hace que el proceso sea altamente centralizado. En este sentido, el experto afirmó que debería haber más oportunidades de participación de las comunidades, incluyendo a estudiantes y apoderados, en los presupuestos. De esta forma, las finanzas públicas surgirían a partir de procesos participativos y estarían focalizadas para que el gasto haga sentido.
Finalmente, el seminario contó con un panel de discusión moderado por Ernesto Treviño, director del Centro UC para la Transformación Educativa (CENTRE), quien lideró el estudio. En el espacio, participaron la Subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, el jefe de la División de Planificación y Estudios de la Subsecretaría de la Niñez, Jorge Vásquez, el director ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública Gabriela Mistral, Pablo Araya, y la especialista en educación del BID, Analía Jaimovich
Durante la discusión, la Subsecretaria Arratia hizo hincapié en la necesidad de una articulación coherente en el sistema de asignación y gestión de los recursos públicos, con foco en el derecho a la educación. En esa línea, mencionó varias fuentes complementarias de financiamiento que se han sumado al presupuesto educativo, como la subvención a programas PIE y los Fondos de Apoyo a la Educación Pública (FAEP), pero afirmó que, si bien es un esfuerzo positivo, tanto para la escolaridad como para la carrera docente, “si no nos aseguramos de que haya coherencia sistémica, es muy difícil que se gasten bien los recursos y que se logre el impacto que se requiere”.
Por otro lado, el director ejecutivo del SLEP Gabriela Mistral, Pablo Araya, enfatizó que, en la práctica, el financiamiento sí tiene un impacto en la calidad de la educación, proponiendo una política de mediano y largo plazo que permita tener una mirada al mediano y largo plazo.
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Texto: Patricio Contreras, CENTRE UC
Fotos: Subsecreatría de Educación
