El proyecto Escuelas Protegidas fue presentado por el Ejecutivo el 7 de abril de 2026, luego del ataque ocurrido en Calama, donde un estudiante dio muerte a una inspectora, hirió a otra docente y a varios compañeros durante la jornada escolar. Luego de casi dos meses de tramitación la iniciativa fue despachada a ley por 105 votos a favor, 46 en contra y sin abstenciones, y en general busca establecer nuevas medidas de seguridad, orden y respeto para las comunidades educativas.
La norma establece que se podrán "revisar mochilas, bolsos u otros efectos personales de los estudiantes, excluidas sus vestimentas". Además, se incorporó la opción de solicitar al alumno que vacíe voluntariamente sus propios bolsillos.
En caso de que la negativa se mantenga, incluso ante la presencia de sus padres o apoderados, estos deberán retirar las pertenencias del establecimiento, mientras que el sostenedor tendrá que informar la situación a la Oficina Local de la Niñez.
Si se encuentran objetos peligrosos, la denuncia ante las policías deberá realizarse de manera inmediata.
La preocupación que originó el debate es real. En distintas comunidades educativas existe inquietud por hechos de violencia, amenazas, agresiones entre estudiantes, conflictos con adultos de la comunidad escolar y situaciones que alteran el desarrollo cotidiano de las clases. Sin embargo, para especialistas en educación, justamente la gravedad de estos hechos obliga a mirar el problema con mayor amplitud: ¿qué entendemos por una escuela protegida?, ¿cómo se construye seguridad sin reducir la convivencia escolar a vigilancia, sanción o control?
Para Carmen Gloria Zúñiga, académica de la Facultad de Educación UC, el punto de partida debe estar en reconocer que la violencia escolar no es un fenómeno único: “La violencia en las escuelas es una preocupación real para estudiantes, docentes, equipos directivos y familias. Pero si la respuesta pública se concentra solo en el control y la sanción, corremos el riesgo de llegar tarde y de no abordar las condiciones que permiten prevenir estos conflictos”, señaló.
No toda violencia escolar es igual
Aunque el debate público sobre Escuelas Protegidas ha tendido a concentrarse en hechos graves, visibles y físicamente disruptivos, no toda violencia escolar es igual. No es lo mismo abordar una agresión planificada que responder a peleas entre estudiantes, acoso entre pares, hostigamiento sostenido, discriminación, amenazas, maltrato verbal o conflictos cotidianos que se acumulan durante meses en la experiencia escolar.
Ese matiz es clave, porque cada tipo de violencia requiere respuestas distintas. Una situación de acoso persistente no se aborda igual que un hecho grave y planificado: exige otros tiempos, otros equipos y otras formas de acompañamiento. “No toda violencia escolar es igual. Las peleas, el acoso entre pares, las agresiones a docentes o un ataque planificado requieren estrategias distintas. Cuando una política usa las mismas herramientas para todos esos fenómenos, termina debilitando su capacidad de prevenir y de intervenir bien”, comentó la académica de Educación UC.
Desde esta perspectiva, hablar de una escuela protegida implica ir más allá de la seguridad física o de la reacción ante hechos extremos. También supone mirar las formas de violencia menos visibles, pero persistentes, que afectan la convivencia diaria: burlas, aislamiento, discriminación, exclusión, amenazas, agresiones verbales o dinámicas que deterioran el vínculo de niños, niñas y adolescentes con su comunidad educativa.
Violencia digital: cuando el conflicto no termina al salir de la escuela
La discusión también exige incorporar una dimensión que muchas veces queda fuera de los marcos tradicionales de convivencia: la violencia digital. Hoy, parte importante de la vida social de niños, niñas y adolescentes ocurre en redes sociales, plataformas de video y espacios digitales que funcionan fuera del horario escolar, pero que impactan directamente en la vida de la escuela.
Fenómenos como el ciberbullying, la difusión de imágenes sin consentimiento, las amenazas por redes sociales, la humillación pública o la exclusión en ciertos grupos digitales pueden afectar el bienestar, la asistencia, la participación y la trayectoria educativa de estudiantes.
Para Magdalena Claro, académica de la Facultad de Educación UC e investigadora miembro de CEPPE UC, este punto obliga a ampliar la forma en que entendemos la convivencia escolar. “La convivencia escolar ya no ocurre solo en la sala de clases, el patio o la entrada del colegio. Hoy también continúa, y se tensiona, en espacios digitales donde las y los compañeros de curso interactúan de manera permanente. Por eso, una política de protección escolar tiene que considerar también la dimensión digital de la vida educativa”, aclaró.
Uno de los desafíos de la violencia digital es que desborda los límites tradicionales de la escuela. Un conflicto puede comenzar durante el fin de semana en una red social, continuar durante la noche en un grupo de mensajería y expresarse al día siguiente en la sala de clases. Del mismo modo, una tensión originada dentro del establecimiento puede amplificarse en línea y adquirir una escala difícil de abordar por los equipos escolares.
En ese sentido, la también directora del Centro Bienestar y Desarrollo de Niñas, Niños y Adolescentes en la era Digital (BAND), “El acoso entre estudiantes no termina necesariamente cuando acaba la jornada escolar. Muchas veces sigue presente en el espacio digital y vuelve a entrar a la escuela al día siguiente. Eso exige capacidades nuevas: formación digital, protocolos claros, trabajo con familias y una comprensión más amplia del bienestar estudiantil”, apuntó Magdalena Claro.
El riesgo de legislar desde la emergencia
Si bien proyecto Escuelas Protegidas fue aprobado por el Congreso, el debate sobre violencia en comunidades educativas reabre una pregunta de más largo plazo: cómo ha construido Chile sus políticas de convivencia escolar. En las últimas décadas, el país ha alternado entre enfoques formativos, preventivos y sancionatorios, muchas veces sin continuidad suficiente entre una norma y otra.
Recientemente, CEPPE UC publicó el Policy Brief El proyecto ‘Escuelas Protegidas’ y la política zigzagueante de convivencia escolar en Chile, elaborado por Carmen Gloria Zúñiga. El documento ofrece una mirada técnica e histórica sobre veinticinco años de políticas de convivencia escolar y advierte cuatro debilidades persistentes: falta de una política de Estado, ausencia de evaluación sistemática, escaso financiamiento específico y débil diálogo con la evidencia empírica disponible.
Para Zúñiga, este nuevo debate muestra el riesgo de volver a responder desde la urgencia, sin evaluar suficientemente experiencias previas ni asegurar las condiciones que las escuelas necesitan para implementar nuevas exigencias. “Una política de convivencia no puede construirse solo como reacción a la última crisis. Necesita continuidad, evaluación y financiamiento. Sin eso, cada nueva norma corre el riesgo de aumentar las obligaciones de las escuelas sin mejorar realmente sus capacidades”, dijo.
Un antecedente relevante es la Ley Aula Segura, promulgada en 2018. El análisis publicado por CEPPE UC recuerda que, entre 2019 y 2020, se activaron 1.135 procesos sancionatorios en 576 establecimientos y que la causal más frecuente no fue la agresión física, sino la “transgresión reiterada de normas”. Para las comunidades educativas, esa experiencia deja una advertencia: medidas diseñadas para hechos graves pueden terminar aplicándose sobre conflictos cotidianos o situaciones disciplinarias más amplias. “El precedente de Aula Segura muestra que una política pensada para hechos graves puede terminar usándose en situaciones muy distintas. Por eso es tan importante definir con precisión qué problema se quiere resolver, con qué herramientas y bajo qué resguardos”, aclaró Carmen Gloria Zúñiga.
Proteger también es sostener condiciones
La discusión sobre la ley Escuelas Protegidas deja abierta una pregunta de fondo: qué condiciones necesitan las comunidades educativas para enfrentar la violencia sin reducir la convivencia a un problema de disciplina. La demanda por mayor seguridad es legítima, especialmente cuando existen hechos graves que afectan a estudiantes y trabajadores de la educación. Pero esa seguridad difícilmente será sostenible si no se acompaña de capacidades permanentes para prevenir, acompañar y reparar. En esa línea, Zúñiga afirmó que “proteger una escuela no es solo impedir que ocurra un hecho grave. También es construir vínculos, detectar señales tempranas, acompañar a quienes están siendo dañados y entregar condiciones reales a los equipos escolares para actuar antes de que los conflictos escalen”.
Con el proyecto Escuelas Protegidas convertido en Ley, el desafío será compatibilizar la demanda social por mayor seguridad con una mirada educativa que no reduzca la convivencia a control. Porque una escuela protegida no es únicamente una escuela con más herramientas sancionatorias: es una comunidad que cuenta con condiciones para que niños, niñas, adolescentes y adultos puedan aprender, enseñar y convivir.
