Diario El Sur 11/10/16
"No todo lo estatal es público. ¿Existe relación entre la forma de gobierno de una Universidad (estatal o privada) y su carácter público?" es el nombre de la exposición que Andrés Bernasconi presentó en el IV Congreso de Gobernanza Universitaria, que se realizó en la Universidad de Concepción. El investigador del Centro de Estudios en Políticas y Prácticas en Educación y vicedecano de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica, abordó uno de los temas más polémicos en los primeros meses de discusión del proyecto de ley que reestructura el sistema de educación superior, que tiene relación con el rol público de las universidades.
"Las universidades del G9 y otras privadas han planteado que también cumplen una función pública, lo que está determinado por dos aspectos bien argumentados: la generación de bienes públicos, investigación, docencia y extensión, y en segundo lugar, la presencia de la libre discusión de las ideas y libertad académica", afirma.
-Ese también es un punto valedero y dado que son la expresión estatal en el área, deberían tener reglas especiales y financiamiento que responda a las prioridades del Estado, que sólo puedan ser ejecutadas por estas instituciones. Debería ser demostrable conocer que bienes generan de manera exclusiva estas instituciones para justifiquen un financiamiento especial. Lo que ocurre es que la mayor parte de los bienes generados trascienden al tipo de institución, por ejemplo en investigación. Entonces no parece razonable que el financiamiento de esas actividades sea restringido a las universidades estatales, ya que parece muy arbitrario.
-Pese a que el Gobierno lo ha ignorado, nosotros tenemos en Chile esta plataforma institucional ya delimitada, que es el Consejo de Rectores. Uno podría decir "partamos con estas universidades", entendiéndolas como aquellas que responden a una vocación pública; sin embargo, fuera del Cruch también existen instituciones que podrían estar dentro. Eso no tiene ninguna complicación, pero el proyecto de ley debe reconocer al Cruch como institución central de la educación, para luego crear un mecanismo que permita que otras instituciones postulen para entrar y participar del tratamiento que se le daría a las adscritas al Cruch.
-Los rectores que están dentro deben deliberar que les conviene, desaparecer como lo plantea el proyecto de ley y abrir el debate sobre el rol público, o se allanan a mantener el sistema actual con cierta prominencia en el sistema y abrir la puerta a otras universidades.
-Para nada. Efectivamente creo que el proyecto de ley introduce un desorden institucional. No es lo que busca, pero lo genera ya que estas definiciones quedan abiertas. Si tú dices que no es relevante el Cruch, todo queda abierto al perder cierta regulación y las otras instituciones pueden alzar ciertas demandas. La distinción estatal/privada que pretende utilizar el Gobierno para regular y financiar no funciona porque hay universidades privadas como las del G9 que no lo van a aceptar y tienen el suficiente peso político para que su posición prevalezca.
-Esta invisibilización que hace el Gobierno al Cruch queda de manifiesto en que le quita el sistema de admisión. Otro impasse que ejemplifica este impulso del Gobierno de quitarle relevancia al Consejo de Rectores.
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http://www.elsur.cl/impresa/2016/10/11/full/cuerpo-principal/6/
