A continuación compartimos una carta publicada por El Mercurio donde escribió el Director de CEPPE, Alejandro Carrasco, junto al Director del Centro Justicia Educacional, Andrés Bernasconi y al Director de CENTRE UC, Ernesto Treviño.
Señor Director:
La decisión del Gobierno, ahora en revisión, de congelar los recursos de gratuidad escolar -que afectaría a dos millones de estudiantes y seis mil colegios-, subraya la complejidad de la implementación de las reformas estructurales en educación que el Gobierno ha empujado en un período breve de tiempo.
Las buenas reformas educacionales en el mundo dedican los mismos esfuerzos tanto al diseño e implementación como a las condiciones de sustentabilidad de los cambios.
Un primer elemento de ello es la confianza de todos los actores en que los compromisos, especialmente financieros, serán cumplidos por el Gobierno. Ello es clave, dada la gradualidad de gran parte de la reforma. Por ejemplo, el proyecto de Nueva Educación Pública recién aprobado incluye compromisos financieros sobre el
pago de deudas a las municipalidades o compra de inmuebles. Igualmente, la nueva carrera docente supone inversión futura, por ejemplo, en el aumento de horas no lectivas asociado al crecimiento del PIB. Lo mismo sucede en educación superior, donde la expansión de la gratuidad está asociada al incremento de la recaudación tributaria.
Otro aspecto de sustentabilidad es la apropiación por parte de las familias de los principios de la Ley de Inclusión. Eso no está asegurado; la investigación sobre elección de escuela señala que amplios grupos sociales valoran el copago como un elemento ya sea de distinción social, transmisión de ventajas o ejercicio de libertad sobre la crianza de sus hijos. El copago ha operado por casi 25 años y una ley no asegura que la sociedad legitime su eliminación, especialmente si la elite socioeconómica mantiene su derecho a pagar la educación de sus hijos.
Por último, está la evaluación que hacen los actores involucrados (comunidades escolares y familias) de si su posición resulta mejor o al menos igual después de implementada una medida. El congelamiento mencionado deja a los sostenedores que eliminaron el copago en una posición peor que antes de la Ley de Inclusión, y lesiona el acuerdo de economía política que da sustento al modelo de provisión mixta que la reforma educacional ha refrendado.
Andrés Bernasconi
Director Centro Justicia Educacional UC
Alejandro Carrasco
Director Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación UC
Ernesto Treviño
Director Centro para la Transformación de la Educación UC
Fuente El Mercurio