Protocolos de acoso sexual en universidades chilenas

El nuevo Policy Brief de CEPPE UC, analizó las instituciones de educación superior de nuestro país para conocer cómo, a nivel de política institucional, enfrentan el acoso sexual.

acosoEn esta nueva entrega de la serie Policy Brief del Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación, CEPPE UC, denominado Protocolos de acoso sexual en las universidades chilenas: una deuda pendiente, se explora el estado de situación de las casas de estudios superiores respecto de las políticas institucionales para la prevención del acoso y abuso sexual.

El documento elaborado por Ana Luisa Muñoz, académica da Facultad de Educación; Luna Follegati, consultora externa de CEPPE UC; y Liz Jackson, Profesora asociada de la Universidad de Hong Kong, señala que solo siete universidades, de las sesenta que existen en nuestro país, han diseñado y publicado protocolos a noviembre de 2017.

En ese sentido, las investigadoras señalan que en algunos casos los problemas de abuso, acoso y violencia sexual están implicados en los protocolos laborales relacionados con el orden, la higiene y la seguridad, regulados por la Ley Código Laboral.

Sin embargo, dentro de las universidades que sí han trabajado en estas materias, las académicas identificaron tres limitaciones comunes desde las políticas institucionales sobre actuación frente al acoso sexual: existe una definición restringida de acoso; los protocolos son una estrategia reactiva y no preventiva; y hay un desconocimiento de las lógicas de poder entretejidas en la problemática.

El estudio, muestra además que es necesario profundizar en la definición de “acoso sexual”, más allá de “hostigamiento laboral tradicional”, como una intención sexual unilateral, no deseada o solicitud de favores sexuales, que implica una clara amenaza para las oportunidades de empleo de un individuo. Lo anterior deja de lado dentro de la definición los piropos, regalos o chistes ofensivos, por ejemplo.

No contar con una clara definición de acoso sexual impacta directamente en la reducción de denuncias a las autoridades y permite la reproducción de violencia al interior de las instituciones, indican las autoras.

Finalmente, la investigación señala que la construcción de protocolos debe ser una instancia participativa de toda la comunidad, con el fin de lograr definiciones lo más precisas posibles en conceptos claves como acoso, vulnerabilidad, hostigamiento, con el fin de complejizar este tema desde distintas perspectivas, que den como resultado un protocolo preventivo y no reactivo.

Para revisar este Policy Brief, revisa el siguiente link